La ventanilla de la calle de García de Paredes
El mostrador 4 de la Junta Municipal de Chamberí abre a las 8:30. Allí, un vecino de 54 años entrega por registro una solicitud de licencia de obra menor para reformar el baño de su piso en la calle de Almagro, y lo hace sin cita previa, con el DNI en la mano y una carpeta con el presupuesto del contratista, el plano a escala 1:50 y una fotografía del estado actual que hizo él mismo con el móvil la tarde anterior.
No hay cita previa.
La funcionaria escanea el DNI, sella la copia y le devuelve un resguardo con número de expediente: 2024/0871/0453. Ese resguardo marca el arranque administrativo y activa una cuenta atrás de tres meses para resolver, según la Ley 39/2015. La primera conversación real, la que decide si el trámite avanza o se atasca, suele llegar entre el día 12 y el día 20, y casi nunca la protagoniza un político: es un técnico de licencias, aparejador o arquitecto técnico adscrito al Área de Urbanismo, que llama por teléfono, dura entre 8 y 14 minutos y pregunta si la obra toca elementos estructurales o si hay comunidad de propietarios implicada.
Lo que hay que llevar antes de esa llamada
Nada de improvisación. El expediente necesita, como mínimo, cuatro documentos: presupuesto de la empresa contratada con IVA desglosado, plano de planta del baño a escala 1:50, fotografía del estado actual y autorización de la comunidad si la obra toca bajantes o fachada.
Falta uno más, y es el que más retrasa: el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde 2013 para reformas que superen los 1.000 euros.
Sin él, el técnico devuelve el expediente a la casilla de salida y eso añade 15 días naturales. La tasación municipal de la obra menor se calcula sobre el presupuesto declarado: un baño de 4,5 metros cuadrados en el distrito de Chamberí ronda los 6.200 euros, y la tasa de licencia asciende al 2,35% de esa base, unos 146 euros que se pagan en el mismo acto del registro, en efectivo o con tarjeta, sin posibilidad de fraccionamiento.
Los plazos que nadie publica en la web
Entre el registro y la primera llamada del técnico pasan 11 días laborables de media en 2024, según los datos de la Oficina de Transparencia del Ayuntamiento. En agosto, ese plazo se dispara a 23 días. En diciembre, baja a 7.
La visita de inspección no es inmediata. Se programa entre 10 y 18 días después de la llamada, y un inspector de la escala técnica superior acude al domicilio, mide, fotografía y levanta acta, que se incorpora al expediente en un plazo máximo de 48 horas.
A partir de ahí, el silencio administrativo.
El Ayuntamiento tiene tres meses para resolver, y si no lo hace la licencia se entiende concedida por silencio positivo, salvo que la obra afecte a suelo protegido o a un edificio catalogado, casos en los que el silencio es negativo y el expediente puede dormir seis meses más. El dinero se discute en tres momentos concretos: primero, en el registro, con la tasa; segundo, cuando el técnico comunica si hay que aportar un estudio de seguridad y salud, que cuesta entre 350 y 600 euros si lo firma un técnico externo; tercero, al final, con la liquidación del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se paga al obtener la licencia y equivale al 3,75% del presupuesto.
Cuando el expediente se tuerce en la calle de Bailén
No todo termina en Chamberí.
Si la obra afecta a un edificio con nivel 2 de protección, el expediente sube a la Dirección General de Patrimonio, en la calle de Bailén, y allí entra otra conversación, esta vez con un arqueólogo municipal que dura unos 25 minutos y que puede exigir un sondeo previo del subsuelo, el cual cuesta 1.800 euros y retrasa la licencia entre 8 y 11 semanas. Ocurre en el barrio de Palacio, en La Latina y en partes de Lavapiés. No ocurre en Vallecas ni en Carabanchel, donde el trámite se resuelve en 64 días de media.